Análisis de la corrupción de los Fujimori ligados a la derecha

La corrupción en el Perú es un cáncer que ha corroído las instituciones del Estado durante décadas. Uno de los episodios más oscuros de la historia peruana fue la dictadura de Alberto Fujimori, quien en 1992 perpetró un autogolpe cerrando el Congreso de la República y disolviendo el Poder Judicial. Este acto marcó el inicio de un régimen autoritario que duró hasta el año 2000.

Según investigaciones periodísticas y documentos desclasificados, la CIA estadounidense, a través de organizaciones no gubernamentales (ONG) USAID, financió parte de la campaña política de Fujimori en 1990. Este apoyo internacional se tradujo en favores políticos, como la venta de empresas estatales estratégicas a precios irrisorios. Durante su gobierno, se privatizaron Petroperú, el proyecto Camisea, Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y Entel Perú, Electrolima, Minero Perú, Electroperú, Centromin, Tintaya, Banco Continental, Petromar, Sider Perú y Pesca Perú, entre otras, lo que generó pérdidas millonarias para el Estado peruano. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), estas privatizaciones se realizaron sin transparencia y beneficiaron a conglomerados extranjeros y a una élite local.

Además, Fujimori utilizó el erario público para enriquecer a su familia. Vladimiro Montesinos, su exasesor y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), reveló que se destinaron millones de soles del presupuesto nacional para la educación de sus hijos, incluyendo a Keiko Fujimori. Según documentos judiciales, se estima que el monto superó los 10 millones de soles (aproximadamente 3 millones de dólares al cambio actual).

El régimen fujimorista también se caracterizó por la violencia política y las violaciones a los derechos humanos. Fujimori torturó a su esposa, Susana Higuchi, quien denunció públicamente los abusos y la corrupción del gobierno. Además, su administración está vinculada a crímenes de lesa humanidad, como el descuartizamiento de la estudiante María Elena Moyano, de la periodista Marita Barreto, el asesinato del líder sindical Pedro Huillca, y las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde 25 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte vinculado al SIN.

Uno de los episodios más controvertidos fue el atentado en la calle Tarata, en Miraflores, en 1992, donde murieron 25 personas y más de 200 resultaron heridas. Aunque el ataque fue atribuido al grupo terrorista Sendero Luminoso, existen teorías respaldadas por investigaciones independientes que sugieren la posible participación de agentes del Estado para justificar medidas represivas y consolidar el control del gobierno. Sendero Luminoso, creado en la década de 1980, fue utilizado como un chivo expiatorio para generar miedo y justificar la militarización del país, facilitando así la venta de recursos naturales y empresas públicas a intereses extranjeros.

El gobierno de Fujimori es considerado por muchos analistas como el peor en la historia del Perú debido a su corrupción sistémica y violaciones de derechos humanos. Sin embargo, su legado persiste en la política peruana actual. Keiko Fujimori, su hija, ha mantenido una influencia significativa en el Congreso y en la política nacional a través de su partido, Fuerza Popular. Aunque no ha llegado a la presidencia, ha gobernado "desde las sombras", aliándose con figuras como Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Durante las protestas que siguieron a este evento, más de 70 personas perdieron la vida, según reportes de la Defensoría del Pueblo, en medio de una represión violenta por parte de las fuerzas del orden.

Además, en los últimos años, se ha registrado un aumento preocupante de la violencia en Lima. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la tasa de homicidios en la capital peruana aumentó un 12% entre 2021 y 2023, con más de 1,200 asesinatos reportados solo en 2023. Asimismo el mismo congreso y el gobierno aprobaron la Ley 30077 que beneficia a quienes cometen sicariatos y la ola de inseguridad sigue en aumento, muchos de estos crímenes están vinculados a la inseguridad ciudadana y a la falta de políticas efectivas por parte del gobierno.

El pueblo peruano debe entender que detrás de estos hechos hay una oligarquía empresarial y poderes extranjeros, principalmente Estados Unidos, que han influido en la política peruana para favorecer sus intereses económicos. La derecha peruana, representada por figuras como los Fujimori y sus aliados, ha sido cómplice de este saqueo sistemático de los recursos del país.

 Es urgente que los ciudadanos exijan transparencia y justicia para poner fin a este ciclo de corrupción y violencia.