La derecha fujioligarca del Perú

 

Trasfondo histórico: Explotación y marco constitucional

Perú no es libre ni independiente, por 500 años de explotación de recursos naturales por las grandes potencias. Alberto Fujimori firmó Contratos Ley por 40 y 50 años para la explotación de los recursos del Perú, los contratos que el Estado firma con empresas privadas están protegidas con esta Constitución Neoliberal de 1993 aprobada por el dictador. Borea no duda en señalar que esta votación «fue obtenida con coacción y con visos de fraude», pero lo importante es que esta cantidad de votos abrieron el paso para que la agrupación referida consiguiera la aprobación del Proyecto de Constitución de 1993.  

Gobierno de Pedro Castillo (2021-2022) y su caída

Estos Contratos Ley durante los primeros años de gobierno del ex presidente Pedro Castillo debieron ser revisados o ratificados o renegociados, sin embargo, el presidente mostró una postura negativa a renegociar. La derecha al mando de Keiko Fujimori, Vladimiro Montesinos y su padre Alberto Fujimori, a través de Estados Unidos y la oligarquía desde las sombras perpetraron el golpe de estado. Todo estaba preparado con la policía y las fuerzas armadas.  

Ascenso de Dina Boluarte y represión (diciembre 2022 - febrero 2023)

Desde que la dictadora genocida Dina Ercilia Boluarte usurpó la presidencia (diciembre 2022) hasta el 20 de febrero de 2023, la OACNUDH registró 1.327 protestas a nivel nacional, 882 movilizaciones, 240 bloqueos de carreteras, 195 concentraciones. Más de 70 ciudadanos entre adultos y niños fueron asesinados. Asimismo, las fuerzas policiales y fuerzas armadas utilizaron balas Dum Dum, cabe indicar que Ley 30299 ni su reglamento autorizan el uso de estas balas. Haber asesinado cruelmente a la ciudadanía protestante lo caracteriza como la dictadora sanguinaria más de los últimos tiempos.  

Vinculaciones de Boluarte con el fujimorismo (revelaciones previas y actuales)

Dina Boluarte desde siempre fue fujimorista. Sé ahora que ella tenía acercamiento con la derecha peruana desde antes del 7 de diciembre del 2022. Ella tenía y tiene amistad con la derecha. En mayo de 2022, la Contraloría General de la República publicó un informe en el que se concluyó que Boluarte Zegarra habría cometido una infracción constitucional al firmar documentos en calidad de presidenta del Club Departamental Apurímac mientras ocupaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante el mandato de Pedro Castillo. Además, durante ese mismo año, dos miembros del Consejo Directivo del Club de Apurímac, encabezado por Dina Boluarte, lograron obtener contratos con el Estado por un monto que superaba los tres millones de soles. La denuncia contra la actual mandataria se vinculaba a un supuesto caso de conflicto de intereses, mismo que quedó impune.  

Se han aliado, conversado y eso fue desde antes, según sé ahora. Ella contrató a personas del Fujimorismo en el Ministerio, nunca le dio la oportunidad a quienes son del pueblo y las regiones. Ojo Público analizó la lista del personal que conformó los equipos técnicos del fujimorismo en sus tres últimas candidaturas a la presidencia del Perú (2011, 2016 y 2021) y la de sus colaboradores en la Escuela Naranja —canal digital de formación política del partido— y encontró que, al menos, siete personas cercanas a estos espacios han sido contratados para ocupar altos cargos en el gobierno de Boluarte. De ese total, cinco se mantienen como funcionarios públicos.  

Contexto actual (2024): Criminalización y violencia

Y ahora ha quedado expuesta: ha llamado a toda la derecha más violadora de derechos humanos a un gabinete. La lista es conocida. Ella solo aparentó ser demócrata hasta que ahora ya es evidente su verdadera personalidad: dictadora genocida.  

Frente a la ola convocatoria a nuevas protestas durante noviembre y diciembre de 2024, a este gobierno genocida se le ocurrió una idea maravillosa de sacar la Ley 32108 de crimen organizado. Sin embargo, no se trata de un tema de seguridad ciudadana sino de una práctica fujimorista para tener control sobre las protestas a través del terror y del miedo, tal y como lo hicieron en la dictadura fujimorista de 1993.  

Datos actualizados de violencia (noviembre-diciembre 2024):

- En noviembre y diciembre de 2024, los homicidios en el país han superado las cifras registradas en octubre y podrían incluso sobrepasar las de septiembre (SINADEF).  

- Desglose de homicidios en 2024: 934 por sicariato, 498 por homicidio calificado, 142 por homicidio simple y 117 por robo seguido de muerte.  

- Caso emblemático (10 de diciembre de 2024):Andrea Vidal Gómez, abogada de 27 años, murió tras un ataque con más de 40 disparos por sicarios en Lima.  

Paralelismo histórico y cumbre APEC  

Se vive la misma situación en que Mariela Barreto fue asesinada y descuartizada en 1997, poco después de haber revelado la ubicación de las víctimas de una masacre atribuida a Fujimori. Al hablar con la BBC, Cesar Romero, editor de Judiciales del diario La República, señaló que en 1997 en su diario "fue el primero en conocer del caso y sacar la noticia, después de encontrar su cuerpo despedazado, que había sido puesto en tres costalillos y tirados a las afueras de Lima", explicó. Lo que esas fotos dicen hoy día, explicó, es que su cuerpo fue descuartizado con equipo quirúrgico y que, dada la precisión de los cortes, el acto habría sido realizado por alguien experto en anatomía.  

**Evento clave:** Mientras esto ocurría, Dina Boluarte presidió la 31° Cumbre de Líderes de APEC (15-16 de noviembre de 2024) bajo el lema "Empoderar. Incluir. Crecer.".  

Conclusión: El modelo extractivista y la demanda constituyente

En pleno 2024 a 10 días del nuevo año 2025, Perú se ha convertido en la chacra de Estados Unidos y de la oligarquía, quienes a través de grandes corporaciones explotan los recursos del Perú amparados por Contratos Ley (gas, petróleo, minería, madera, recursos marinos). El modelo de extracción efectivamente se encuentra en el epicentro de la crisis política peruana y de la reivindicación clave de estas protestas: una asamblea constituyente para diseñar una nueva Constitución.  

Se sospecha que todas estas prácticas "fujigenocidas" fueron planeadas para controlar a la población peruana protestante contra este régimen dictador, cuyo principal objetivo es proteger los intereses económicos de Estados Unidos y de la oligarquía empresarial de la derecha peruana que gobierna desde las sombras.  

Demanda final:

Perú necesita una Constitución aprobada democráticamente que surja de demandas e intereses nacionales. La actual Constitución de 1993 ampara Contratos Ley que exoneran de impuestos a transnacionales. Con esta Constitución de 1993, la soberanía nacional no le pertenece a los peruanos.  

Por: Alcón C. Cabal